Luego que el Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez, declarara un receso en la pasada sesión de Cabildo para entregar a los síndicos y regidores el expediente completo sobre el proceso para la adquisición de 90 unidades de seguridad pública, un grupo de ediles ofreció una conferencia de prensa para fijar su postura al respecto, destacando los comentarios relacionados a una posible opacidad y sobreprecios en la adquisición.
La Tercera Síndico, Joanna Felipe Torres, manifestó que en diferentes oportunidades han solicitado la información relacionada a la compra de las patrullas y sobre los camiones recolectores de basura, y previo a la sesión donde comparecieron los funcionarios, la situación prevaleció y desmintió la postura de la Encargada del Despacho de Administración, Norma Angélica Carrillo Zárate, en torno a que los datos fueron entregados a la Comisión Edilicia de Seguridad.
Sin embargo, dijo, la información solo se le entregó a ella luego de haber presentado una denuncia formal ante la Contraloría Municipal, misma que se hizo de conocimiento a la Contraloría Legislativa y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) para que realicen la investigación de acuerdo a sus facultades y se determine si hay o no una sanción.
“Únicamente a través de las exigencias legales van a empezar a darnos la información que se requiere para poder garantizarle el acceso a la información a la ciudadanía. Eso significa que no existe ninguna buena voluntad para que nos entreguen las cosas de manera voluntaria, se tienen que hacer denuncias para que se nos entregue la información y nosotros podamos hacer lo que debemos hacer, y eso es cuidar el patrimonio y los recursos de la ciudadanía”.
Joanna Felipe agregó que, al revisar el expediente, dio cuenta de que existen fechas que a su consideración están acomodadas de una manera extraña pues el 12 de abril el Comité de Adquisiciones sesionó y aprobó el procedimiento de adjudicación directa y ese mismo día, la empresa ganadora ya tenía el dictamen y se firmó el contrato.
“Significa que parece ya había negociaciones previas antes de que se realizara, significa también que se acomodó para una sola empresa que fuera el procedimiento de adjudicación directa porque ya se tenía todo: el contrato de compra-venta con todas las condiciones y con todos los términos. Es más, ya hasta existía un cronograma de cuándo se iban a entregar todas las patrullas y cuál era el costo de cada una de las patrullas. Todo se hizo en un solo día”, sostuvo la Síndico.
Otra de las inconsistencias que señala Joanna Felipe es la cantidad de días que tuvo la empresa para entregar 33 unidades, toda vez que ese primer lote fue entregado el 17 de abril, cinco días después de firmarse el contrato. Aunado al dato que consiguió sobre la procedencia de las unidades. “Unidades que además vienen de Estados Unidos porque revisamos en el REPUVE que esas unidades fueron compradas en Estados Unidos, ¿en cinco días compró todas las unidades, las rotuló y las equipó?, ¿o ya las tenían antes preparadas?”, comentó.
La Décimo Segunda Regidora, Claudia Bravo, manifestó que se trata de una adjudicación directa opaca, situación que acompañó el Décimo Quinto Regidor Arturo Del Moral, pues se les han informado tres cifras sobre el monto global de la inversión. Primero 80 millones de pesos, luego 70 millones y la Encargada de Administración informó en su comparecencia sobre 90 millones.
“A mí me gustaría comentar que, en el Plan de Desarrollo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la página 3, dice, que la adjudicación directa es sinónimo de corrupción. Creo que eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos enfrentándonos a una adjudicación directa que es opaca”, dijo Bravo Langle.
Por su parte, el Sexto Regidor Luis Trejo, sostuvo que la información solo puede ser clasificada o reservada por el Comité de Transparencia, postura que fijó toda vez que el alcalde antes del receso de la sesión, insistió en que se les haría llegar una versión pública del expediente y existiría otra versión privada para cuidar los datos, o en su caso, entregarlo en su formato completo, pero debían cuidar que dicha información no se filtrara.
“Protestamos hacer cumplir la ley y creo que todos los que estamos aquí sentados estamos comprometidos con ello, y en ese sentido haremos lo que corresponda conforme a derecho para hacer cumplir la ley. Porque, si realmente queremos un cambio, no nos podemos hacer a un lado, nosotros estamos representando a los ciudadanos”, declaró Trejo Hernández.