En investigaciones sobre casos de feminicidios, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pierden las evidencias relacionadas con los casos, por no resguardar las pruebas, no investigan de forma suficiente y eficiente todos los casos, olvidando aplicar en los protocolos de investigación la perspectiva de género, señala Amnistía Internacional México.
Tomando como ejemplo los casos de Julia Sosa Conde, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio, Nadia Muciño Márquez, la investigadora en Amnistía Internacional México, Marta Martí Barrachin explicó en la conferencia “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las Investigaciones Penales de Feminicidios de Desaparición en el Estado de México” sostuvo que las deficiencias se siguen cometiendo e incluso re victimizan a sus familias.
El órgano emitió una serie de recomendaciones para evitar que las irregularidades se sigan presentando en los casos actuales y futuros de presuntos feminicidios en la entidad mexiquense.
Como mejorar las condiciones de trabajo y la formación especializada de los servidores públicos de la FGJEM, que el Congreso del Estado de México dote de más recursos a la dependencia para que puedan realizar las diligencias y que la Comisión de Derechos Humanos mexiquense investigue las deficiencias en las investigaciones penales.
En 2020, se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.