#EntreLíneas, por: Arturo Contreras
Hace unas semanas escribí sobre la posible reserva de información al proceso que realizó el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli para la compra de 85 patrullas. Esa información fue clasificada como reservada por el periodo de 5 años, así lo resolvió el Comité de Transparencia y el argumento fue prácticamente el mismo que en Atizapán de Zaragoza: se pondría en riesgo la seguridad de la población y de los policías, pues en el contrato se especifican las características de las unidades “pudiendo con ello anticiparse a las acciones que realizan” (cita la respuesta).
En esa solicitud de transparencia también pedí conocer el proceso de licitación, para saber a qué empresa compraron las patrullas y que ganó por ello 138 millones de pesos. Eso no lo contestaron. Lo evitaron o ignoraron y lo que veo es opacidad disfrazada de seguridad. El revelar esa información, no vulnera. Al contrario, sería ejemplo de rendición de cuentas a la población que con sus impuestos pagará esa adquisición, la cual celebro en términos del objetivo que tienen, que es bajar los índices de inseguridad.
Pedí el contrato en versión pública, pudieron testar las características de las patrullas y contestar lo demás sobre si fue licitación o adjudicación directa. Ahora no se leyó nada entre líneas, pues todo lo clasificaron como reservado, a petición de la Dirección de Administración. Ya se está haciendo costumbre o moda usar la premisa de la seguridad para ocultar información o imponer obras (como en el caso de la 4T y el Tren Maya o los costos de las vacunas contra el Covid19).
El gobierno de Morena en la anterior administración también compró patrullas, situación que recuerdo muy bien se convirtió en un asunto mediático por la presunta corrupción. Y aún con eso, la Unidad de Transparencia no reservó la información, ni tres ni 5 años. Lo compartieron con el debido procedimiento a testar e incluso lo cargaron a la página web para consulta en general de la ciudadanía.
