El pasado 5 de septiembre, en el Congreso de la CDMX, la Diputada Silvia Sánchez Barrios, presentó la iniciativa “Ley Ocaña”, la cual tiene como objetivo sancionar a los servidores públicos que filtren, guarden o exhiban videos, imágenes, audios o documentos relacionado a un hecho delictivo.
De acuerdo con la iniciativa, se busca que aquellos funcionarios que lleguen a filtrar cualquier tipo de información con el objetivo de exponerlo o comercializarlo, sean acreedores hasta a siete años de prisión o bien a una multa que puede ir de los 72 mil 168 pesos hasta los 134 mil 862 pesos.
Asimismo, se destacó que en caso de que el material difundido contenga información relacionada con niños, niñas, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad, el castigo se eleve a la mitad.
Esta propuesta es nombrada “Ley Ocaña” debido a que después de la muerte del actor Octavio Ocaña en Cuautitlán Izcalli, se comenzaron a difundir fotografías del cuerpo sin vida. Y aunque este tipo de actividades ya son castigadas en algunos estados, la familia del actor busca que sea a nivel nacional, ya que consideran implica daño y menoscabo a la vida humana y a la familia de las víctimas.