La “Ley Ingrid” que fue aprobada en marzo del 2022 ha sido invalidada del Código Penal del Estado de México por falta de precisión para definir la conducta que se quiere castigar, ya que la redacción es genérica y sobreinclusiva, de acuerdo con La Suprema Corte.
La ley castigaba hasta con 10 años de prisión tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos que difundieran, fotografiaran, copien, publiquen imágenes, video, audios, documentos o evidencia de una investigación penal relacionada con una víctima.
Sin embargo, la ministra Ana Margarita Ríos-Frajat explicó que los autores de la ley intentaban sancionar a los servidores públicos que utilizaran de forma indebida de la información, pero debido a las expresiones genéricas podría causar algunos problemas, ya que abría la posibilidad de sancionar a medios de comunicación violando el principio de libertad de expresión, como a otros particulares que usen la información con fines médicos, de investigación o académicos.
Mientras que el ministro Javier Laynez Potisek, destacó que la norma incluso puede ir más allá y permitir que los Ministerios Públicos puedan ejercer una acción penal contra las propias víctimas y sus familiares, quienes tienen derecho a disponer de las fotografías e información que puede servir de evidencia y ayuda en el caso.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Pleno de la Corte invalidó con 10 votos el artículo del Código Penal del Estado de México.