Con la aprobación de seis reformas en el Congreso Local, las personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en el proceso electoral del próximo 2021 y se fortalecieron los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado de México.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Mariana Uribe Bernal, calificó este suceso como un hecho histórico para las mexiquenses, pues con éstas reformas más mujeres podrán ocupar cargos públicos.
Se incluyen sanciones por violencia política de género contra candidatas, que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género.
Además, los partidos políticos tienen que asignar recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y será obligatorio promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
A su vez, con estas modificaciones se eliminará el lenguaje sexista de la Constitución y se incluirá el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales, además de establecer sanciones por violencia política de género contra candidatas.
La reforma considera también que no podrán ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género; a los deudores alimentarios; a quienes incurrieron en violencia familiar o de género y por delitos contra la libertad sexual.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia creará un padrón para identificar a las personas condenadas por los delitos antes mencionados con la intención de que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes.