En la Cámara de Diputados del Estado de México se discute una propuesta para imponer penas de hasta siete años de prisión a vendedores y de hasta tres años a funcionarios que no denuncien la comercialización de objetos robados.
La iniciativa plantea incluir los bienes, productos, instrumentos robados en plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común para realizar actividades comerciales o de servicios.
Asimismo, habría penas de dos terceras partes del delito encubierto y multa igual a cinco veces el valor de los bienes para los casos de “encubrimiento por receptación”.
Si se es servidor público y se está vinculado a la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de hechos ilícitos en los sitios enunciados, cumplirá penas de uno a tres años de prisión, 30 a 150 días de multa y destitución definitiva de su empleo, cargo o comisión.
También se propone una adecuación a las atribuciones de los ayuntamientos en materia de seguridad pública, que deberán prohibir la venta de los objetos y bienes señalados en puestos fijos, semifijos o comercios ambulantes y locales ubicados en vías, plazas públicas, mercados públicos municipales, áreas de uso común y áreas públicas destinadas para actividades comerciales o de servicios, debiendo dar aviso a la autoridad competente.