La conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción en el Estado de México, avanza de manera paulatina en los 125 Ayuntamientos y las facultades que tienen carecen de algún tipo de fuerza para que se actúe en contra de servidores públicos, por lo que terminan convirtiéndose en una figura “sin dientes” para apretar en el combate contra la corrupción.
La falta de espacios para realizar su trabajo, trabas en los pagos para quienes conforman estos entes y creación de figuras inexistentes en la ley, que replican sus trabajados, terminan por debilitarlos aún más.
Periódico de Izcalli consultó la opinión del actual Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Cuautitlán Izcalli, Jaime Almazán, quien refiere no se cuenta con un poder vinculante en caso de hallar anomalías o presuntos casos de corrupción, quedando solo como una especie de filtro entre el ciudadano y los Ayuntamientos.
Agregó que trabajan de la mano con la Contraloría Municipal, instancia que puede utilizar el informe de las quejas para dar el seguimiento por la vía administrativa y, de ser el caso, por la vía penal. “Somos ese antecedente en el que se le puede decir a la Contraloría: tienes que actuar porque aquí hay algo y si no lo hacen, quienes incurren en alguna responsabilidad, por omisión, pueden ser las Contralorías”.
Finalmente, indicó que alrededor del 70% de los casos atendidos por el Sistema Municipal Anticorrupción de Cuautitlán Izcalli se ha resuelto, mientras que el restante está pendiente por resolver, razón por la cual pretende el CPC dejarlos resueltos al finalizar el 2022, pues termina su periodo y entrarían nuevos ciudadanos a representar. Los temas que ha denunciado la población están relacionados a operativos de Protección Civil, altas tarifas para pagos de impuestos en Operagua y en el área de Abasto y Comercio.