En lo que va del año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ha recibido 41 denuncias formales presentadas contra actuales y ex servidores públicos, así como particulares, por la probable participación en actos ilegales en perjuicio del erario.
La Auditoría Especial de Investigación será el ente encargado de realizar las indagatorias correspondientes para determinar si existió alguna falta grave en las denuncias recibidas de distintas partes de la entidad mexiquense.
El OSFEM puede intervenir de acuerdo al Artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el cual considera cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones y conductas de hostigamiento.
Además, el acoso sexual, el conflicto de interés y la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Esa misma ley establece en su Artículo 68 las Faltas Administrativas graves vinculadas con particulares: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.