Se han cumplido casi cinco días desde que se ejecutó el Operativo Atarraya en cientos de barberías de 20 municipios del Estado de México, el cual dejó como saldo 312 establecimientos de esta índole asegurados.
Personas afectadas comenzaron a difundir a través de redes sociales presuntas irregularidades por parte de elementos de seguridad, como la “siembra de drogas”, hechos que pudieron ser registrados por cámaras de seguridad de algunos locales y que rápidamente se viralizaron en Internet.
Tras lo ocurrido, el gremio barbero se ha visto severamente afectado, pues no solamente se enfrentan al cierre de sus negocios, sino a la pérdida económica que representa, pues para muchos de ellos es su única fuente de ingresos, con la que sustentan familias, también hay algunos que pagan doble renta: la de su negocio y la del lugar donde viven.
Otros abren con miedo sus establecimientos, temen que, sin previo aviso, la Fiscalía mexiquense llegue y asegure sus emprendimientos, les “siembren drogas” y se enfrenten a un sistema penal que, a decir de ellos, favorece más a la delincuencia, pues las autoridades tendrían conocimiento de dónde se encuentran los puntos de venta de droga y “no hacen nada”.
“Somos barberos, no criminales. ¡Queremos trabajar!”
Este 12 de febrero se realizó una conferencia de prensa en Tultitlán, en la que varios afectados se reunieron para contar ante medios de comunicación su testimonio. Además, la fundación DELOS ofreció su apoyo jurídico de manera gratuita para que puedan reabrir sus establecimientos lo más pronto posible.
Tal es el caso de Karina Jardón, madre de dos hijos, quien tiene un salón de belleza en la colonia Las Palomas en Tlalnepantla y que fue cerrado el pasado viernes cuando aún se encontraba abierto.
“No me enseñaron ningún documento, ni siquiera llegaron a preguntarme mi nombre. Simplemente me dijeron que agarrara mis cosas personales rápido. Uno de ellos me tomó del brazo para que me saliera, me cerraron [la estética] y hasta ese momento me dijeron que fue por una denuncia anónima por venta de droga y servicios sexuales”.
Por lo anterior, acudió a la Fiscalía regional de Tlalnepantla y no le dieron respuesta. Ese día una oficial (que no se identificó, precisó la afectada) le señaló que lo tendría que ver con la abogada, pero esta nunca llegó.
Ante ello, pide a las autoridades que revisen bien los casos, pues si bien reconoce que algunos establecimientos se han prestado para asuntos ilegales, la mayoría son personas que solo quieren trabajar. “Hay jóvenes que encontraron en este gremio un refugio, algo para no estar en las drogas, perdidos… ¿y ahora te ponen así? […] Hoy en día, el trabajar honradamente, para la Fiscalía es un delito”.
Por otro lado, Gustavo López, cerró con normalidad su establecimiento ubicado en el municipio de Tultitlán el viernes 7 de febrero y al otro día, se encontró con la noticia de que su barbería tenía sellos de aseguramiento por parte de la FGJEM. “Yo no tengo número de carpeta ni número de Fiscalía, solo tengo un número de folio: VG-182”. Precisando que de inmediato se acercó a la institución regional, pero que le aseguraron que ellos no tenían conocimiento de ese tipo de operativos y no les correspondía.
Gustavo cuestiona el actuar de las autoridades, pues compartió que ha sido víctima de presuntos extorsionadores y pese a que interpuso denuncias, ninguna autoridad le ayudó.
“A mí me han estado extorsionando con anterioridad grupos criminales. Me han marcado o me han ido a visitar y yo sí tengo denuncias de que a mí me han intentado extorsionar células delictivas. Nadie se me acercó […] nunca me brindaron la atención”.
Asimismo, expresó su preocupación por lo que el Operativo Atarraya está ocasionando con su reputación, pues comentó que las personas al ver los sellos, especulan sobre los motivos y eso podría traducirse en pérdida de clientes.
“Me he acercado muy poco [a su barbería] por el miedo de no saber si me van a detener. Vivo inseguro. No duermo. Todo el tiempo estoy muy ansioso […] Para mí esto comenzó como un sueño y terminó siendo una pesadilla”, puntualizó.
Tanto Karina como Gustavo agradecieron la ayuda que sus clientes y allegados les han ofrecido, sin embargo, saben que no es lo mismo trabajar con otras herramientas, pues aseguran que ellos ofrecen lo mejor posible y, por lo tanto, los insumos son costosos. De hecho, refirieron que, para montar una barbería sencilla, al menos se necesitan 40 mil pesos y hay máquinas que llegan a costar hasta 4 mil pesos. Volver a iniciar para muchos no es una opción a corto plazo.
En contraste, Eder, también barbero, no fue de los establecimientos cerrados, sin embargo, estos últimos días vive con miedo de que su negocio ubicado en Coacalco, también sea asegurado. Por ello, tomó la decisión de unirse a las acciones hechas por este gremio en contra del Operativo Atarraya.
El joven precisó que, muchos han tomado la decisión de quitar cualquier distintivo que los identifique como barberías, ante el temor de que la FGJEM continúe con el mismo proceder del pasado viernes.
“Obviamente nos empezamos a asesorar y nos dijeron ‘te pueden catear, pero no clausurar’. ¿Entonces qué te van a hacer? ¿te van a sembrar cualquier cosa? Las cámaras [de seguridad] que tenemos ya no son para los rateros, son para los policías”.
Sin embargo, Eder enfatizó en que no puede dejar de trabajar y abre con cautela, pero cierra más temprano, relatando que uno de los chicos que colabora con él dejó de acudir por el temor que le genera no poder recuperar sus cosas si el local es asegurado.
Añadió que tiene conocimiento de que a algunos barberos ya les comenzaron a pedir los locales. “Prefieren pedir el local y que no les clausuren el local, a exponerse ellos y los entendemos, pero ya nos van a catalogar. No te van a rentar un local si es para barbería”.
Finalmente, aseveró que su oficio no está exento de convivir con posibles delincuentes, ya que al final van a solicitar un servicio. “Nosotros no vamos a preguntar a qué se dedica cada cliente. Nosotros atendemos por dinero”, por lo que pide que no se les criminalice.
Fundación DELOS apoyará a gremio barbero
La fundación DELOS ofreció su apoyo jurídico para barberos afectados, mismos que explicaron que hasta el momento llevan 25 casos de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec. Todos no han acudido al Ministerio Público a ver qué sucedió por temor a que les fabriquen una orden de aprehensión, aseguró …
En ese sentido, el abogado Erick Ayoso puntualizó que se está teniendo una buena respuesta por parte de la Fiscalía, recordando que hay buenos elementos en la corporación. “No son todos los que están trabajando mal […] El operativo no tiene una mala idea, pero tiene un mal funcionamiento”, sostuvo.
Por ello, el abogado indicó que lo primero que buscarán es quitar la intimidación con la que se desarrolló el Operativo Atarraya y que se maneje un protocolo específico sin agraviar sus derechos.
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