El cuarto informe del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, fue cuestionado por los partidos PAN, PRD, PT, NA, MC y Morena, en materia de seguridad pública, feminicidios, violencia de género, trata de personas, secuestros, extorsión, corrupción y robo a transporte público.
El PRI pidió información referente al trato a mujeres privadas de su libertad y coordinación de corporaciones policíacas, mientras que el PVEM, solicitó avances acerca del uso de tecnología para proteger a los mexiquenses.
La diputada Beatriz García Villegas solicitó información sobre las acciones contra los ilícitos antes mencionados en toda la entidad federativa y los operativos para combatirlos en los municipios con alerta de género, además de puntualizar que el titular de la Secretaría de Seguridad no sea constantemente cambiado para así garantizar mejor resultados.
Mario Ariel Juárez Rodríguez, puso en duda la corrupción dentro del sistema de seguridad, ya que se obligan a las corporaciones a capacitarse en la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, por lo que afirmó que la Comisión Especial del Sistema Penitenciario ayudará a combatir los sobornos en los reclusorios.
Por su parte, Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera y el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado, requirieron saber qué acciones se realizan en los penales estatales para asegurar que las mujeres que se encuentran dentro tengan una instancia digna y libre de delincuencia.
Por otro lado, los diputados del PAN, Román Cortés y Francisco Santos cuestionaron las acciones de videovigilancia, seguridad en cajeros automáticos, transporte público y de carga, y cómo 43 demarcaciones se han visto afectadas con el recorte de 600 millones de pesos destinados a la participación federal.
La legisladora del PT, Silvia Barberena, interrogó acerca de los mecanismos de seguridad pública, ya que el Edomex es la entidad con mayor número de feminicidios, mientras que la diputada del PVEM, María Luisa Mendoza, afirmó que elementos de tránsito extorsionan a la población en zonas rurales.
Finalmente, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis, titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, admitió que algunos datos reflejan el incremento de la confianza ciudadana, sin embargo aún hay muchas cosas en las que se deben trabajar, no obstante, solicitó al Poder Legislativo planear, desde el marco jurídico, estrategias para combatir los puntos de distribución de artículos robados, ya que el 80% de las extorsiones son por teléfonos y la mayoría viene de cárceles federales.
