La Cámara de Diputados del Estado de México aprobó penas de 6 a 10 años de prisión para quienes obliguen a comerciantes o unidades económicas a imponer o fijar precios por encima del mercado en productos, insumos o servicios, así como hasta 15 años si se ostentan como miembros de grupos delictivos y hasta 20 años si son servidores públicos.
Con esta reforma se busca frenar los abusos en contra de dicho sector económico pues atenta contra la libertad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida y que también afecta a las y los consumidores finales quienes resienten el alza de precios en productos básicos.
De acuerdo con el dictamen comete este delito quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial; a vender o distribuir bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a imponer o fijar, en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para la venta de bienes, mercancías o insumos o para la prestación de un servicio.
