Los diputados mexiquenses señalaron que la violencia económica debe ser tipificada en el marco legal del Estado de México, debido a que muchas mujeres son víctimas de este fenómeno, por lo que consideran necesario imponer de tres a siete años de prisión a quienes la ejerzan.
Esta propuesta hecha en la sesión legislativa de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, los representantes acordaron solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Cabe señalar que se urgió la necesidad de incorporar al Código Penal de la entidad la violencia patrimonial o económica como parte de la violencia familiar. El objetivo es que el victimario, aparte de la condena, pueda recibir tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.
Por otro lado, la iniciativa refiere que hasta 2020, la violencia económica prevalecía en el país en un 47.3 por ciento en mujeres separadas, divorciadas o viudas, y en 28.1 por ciento en mujeres casadas; no obstante, sólo 7.9 por ciento de mujeres denunció violencia económica en su contra.
¿Qué es la violencia económica?
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, “la violencia económica y patrimonial puede ser entendida como las acciones u omisiones que afectan la supervivencia de las víctimas; privándolas, ya sea de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud”.
Además también se ejerce cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención de los hijos/as.
