La iniciativa propuesta por la diputada morenista, Luz Ma Hernández, busca endurecer las sanciones a servidores públicos que cometan este delito. La propuesta señala penas con cárcel por la difusión de material gráfico que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas y establecer acciones que protejan la dignidad póstuma de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Lo anterior reformaría el Código Penal, de momento la Comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis. Esto a su vez, fortalecería la Ley Ingrid, aplicando penas de 10 años de cárcel y sea efectiva para todo servidor público sin importar la institución a la que pertenezca.
Estas sanciones se impondrán a quien audiograbe, envíe comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos relacionados con una investigación penal.
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