Las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y de Procuración y Administración de Justicia examina sanciones que se les podrían aplicar a quienes oferten, tramiten, gestionen y entreguen cualquier documento relacionado al control vehicular en el Estado de México de manera ilegal, con el fin de reformar algunas disposiciones que están en el Código Administrativo y Penal de la entidad.
Las sanciones planteadas señalan de “seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días de multa”, donde además “se entenderá que existe o que hubo gestión cuando se advierte el ofrecimiento de servicios de intermediación sin la existencia de un mandato legal en términos de la normatividad aplicable”.
Asimismo, Isidro Moreno resaltó que, en el servicio en el que más surge el “coyotaje” es al momento de querer obtener la autorización para que los vehículos puedan circular sin ningún tipo de problema, por lo que en lugar de recurrir a lugares formales, acuden a establecimientos semifijos o que incluso llegan a ser ambulantes.
Las sanciones antes mencionadas serían aplicables a todas aquellas personas que oferten, tramiten, gestionen o entreguen:
– Placas y tarjetas de circulación
– Calcomanías de identificación
– Licencias o permisos para conducir
– Engomados
– Constancias y hologramas de verificación
– Permisos provisionales de manera ilegal o en lugar de expedición no autorizada, ni regulado por la autoridad competente.
Finalmente, Gerardo Lamas expresó que sigue abierto el proceso legislativo y no se procederá a votación de la iniciativa hasta que se cuente con la opinión y propuestas de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
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