Familia de custodio fallecido en la México-Querétaro exige justicia

El 24 de marzo de 2025, la vida de Eduardo Alberto Castañeda, un custodio de valores de 43 años y licenciado en Administración de Empresas, terminó abruptamente en un tramo de la autopista México-Querétaro. Lo que inicialmente las autoridades locales y el Ministerio Público presentaron como un fatal accidente provocado por civiles en fuga, hoy se ha convertido en un laberinto legal marcado por contradicciones periciales y el reclamo de una familia que se siente en el desamparo institucional.

A más de un año del suceso, su hija, Tábata Castañeda, denuncia que la investigación penal no solo está detenida, sino que el delito de homicidio prácticamente ha desaparecido de la carpeta principal, dejando la muerte de su padre en un limbo jurídico donde nadie asume la responsabilidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando un vehículo blanco era perseguido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial. La versión inicial de los primeros respondientes señalaba que el auto en fuga había embestido directamente a Eduardo Alberto, quien se dirigía a su domicilio en #Ecatepec.

Aquel día, tras el choque, los elementos de seguridad pública de Cuautitlán Izcalli intervinieron como primeros respondientes para interceptar a los involucrados, deteniendo a un tripulante del auto que intentaba huir y a un supuesto vendedor de pan que se tornó sospechoso en la escena, además del policía conductor, quien quedó libre a las pocas horas.

Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió cuando la defensa de los civiles detenidos presentó un video captado por las cámaras de un establecimiento cercano.

Actualmente, la carpeta de investigación cuenta con peritajes oficiales contradictorios: uno señala al vehículo particular y otro responsabiliza directamente a la unidad policial. Ante este escenario, la actual agente del Ministerio Público, adscrita al área de delitos contra el transporte en Tlalnepantla, ha solicitado a la familia costear peritajes particulares en materia de tránsito para destrabar el caso, una exigencia económica difícil de cubrir para los familiares.

Aunque inicialmente se abrieron líneas por robo con violencia y homicidio calificado, durante las audiencias subsecuentes los delitos fueron reclasificados hacia figuras como secuestro exprés y robo de vehículo en contra de los civiles implicados, dejando fuera el homicidio de la víctima colateral. Esta reclasificación ha tenido un impacto directo en los derechos de los familiares. Tábata relata que se les ha restringido el acceso a las audiencias bajo el argumento de que el delito procesado ya no les compete directamente.

Tras la difusión de un video en redes sociales donde la familia exponía las irregularidades del proceso, las autoridades mostraron una apertura temporal que, según la denunciante, ya ha concluido. Desde principios de marzo, los canales de comunicación directos con el Ministerio Público se encuentran inactivos.
A la fecha, se desconoce el estatus administrativo de los elementos policiales que tripulaban la patrulla involucrada en el percance, quienes de inicio no fueron detenidos al ser considerados testigos por la propia autoridad ministerial.

La exigencia de la familia Castañeda no busca una retribución económica la cual ya fue rechazada en acercamientos previos con las defensas a través de los anteriores asesores jurídicos, sino el debido reconocimiento de Eduardo Alberto Castañeda como víctima directa del hecho y el deslinde claro de responsabilidades penales.