Joanna F. Torres, Diputada Federal por el distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, señaló que existe una gran problemática de coordinación entre los Centros de Justicia para las Mujeres y los gobiernos municipales, estatales y federales, quienes no establecen un orden en sus actividades para la protección de las mujeres.
Estos Centros cuentan con Ministerio Público, psicólogos, defensoría de oficio y distintos servicios integrales para las mujeres, los cuales no pueden operar correctamente.
“Cuando el Ministerio Público, del edificio rosa del Centro de Justicia para las Mujeres en Izcalli, emite una orden de restricción para que una mujer esté protegida de su violentador, no hay quien le pueda dar seguimiento de manera oportuna.”
Felipe Torres, señaló que la vida de muchas mujeres corre peligro ya que no hay nadie que ejecute las órdenes de restricción y han habido casos que al no ser cumplidas, las mujeres terminan siendo víctimas de feminicidio.
Por esa razón, se busca que las representantes de los Centros de Justicia para las Mujeres puedan formar parte del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia, el cual conjuga todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno que están relacionadas con atención de mujeres violentadas para así asegurar que los procedimientos se les pueda dar seguimiento y sean más eficaces.
La iniciativa presentada ayer, propone una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se prevé sea discutida en octubre; además espera formar parte de la Comisión de Género.
